Mala calidad y abusos en productos y servicios

Por Hugo González Montalvo.

Creo que el lector tendrá muchos ejemplos de la afirmación del título. Ofrezco algunos. La empresa de gas pretende imponer la compra de materiales innecesarios. La de telefonía móvil incumple la oferta publicitaria.Las EPS son ineficientes en los trámites, la demora en los servicios es insolidaria, cruel. Personalmente he tenido que devolver, por mala calidad o vicios ocultos: electrodomésticos, muebles, alimentos, etc.

Estamos ante una generalizada complacencia de parte del Estado frente a la viveza fraudulenta de empresarios desleales. Muchos usuarios se abstienen de emprender acciones de reclamo debido a los procedimientos engorrosos, trabas propiciadas por las mismas empresas.

Se incumple descaradamente la Constitución, artículo 78: “La Ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización.Serán responsables, de acuerdo con la Ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios”.

Previo a la realización del contrato, el profesional, empresario o vendedor debe informar, aconsejar y advertir al consumidor de manera oportuna, clara, precisa e idónea; lo contrario, podría ser considerado como dolo o mala fe.Lo correcto sería que proporcionemos nuestro “consentimiento informado”, pero a menudo, existe una evidente “asimetría de poder contractual entre las partes”, principalmente cuando adquirimos productos tecnológicamente complejos o necesitamos de servicios médicos.La información de ingredientes y fecha de vencimiento en los empaques de alimentos procesados es intencionadamente ineficaz. La letra ilegible algo oculta; sobre todo, la presencia de ingredientes que la ciencia médica ha cuestionado.Los consumidores caen en la tentación de la compra impulsiva motivada por la publicidad engañosa de supuestas ofertas. En esos contratos el consentimiento no es razonado, no hay la lentitud que requiere el análisis concienzudo.

Sabemos que los servicios públicos domiciliarios son regulados en Colombia por la Ley 142 de 1994. Recordemos algunos de sus preceptos y usted, lector, me dirá si se cumplen. “El Estado intervendrá en los servicios públicos para garantizar su calidad”. “El Presidente de la República ejercerá el control, la inspección y vigilancia de las entidades que presten los servicios públicos domiciliarios por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios”. “Las empresas de servicios serán civilmente responsables por los perjuicios ocasionados a los usuarios”“La Superintendencia deberá sancionar a las empresas que no respondan en forma oportuna y adecuada las quejas de los usuarios”.“El consumo será el elemento principal del precio. No se cobrarán servicios no prestados, tarifas, ni conceptos diferentes a los previstos”. “Las personerías municipales deberán asesorar a los usuarios que deseen presentar recursos”.

Como ven, la letra de la Ley es bella, pero…

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Publicado como columna de opinión en el diario EL HERALDO de Barranquilla, Colombia.

http://www.elheraldo.com.co/ELHERALDO/BancoConocimiento/W/w3colummalacalidad/w3colummalacalidad.asp?CodSeccion=42

Ante la crisis, más democracia

Por Hugo González Montalvo

En Colombia estamos siendo testigos de una encarnizada y desgastadora lucha entre los poderes del Estado. El Congreso desprestigiado por la ‘parapolítica’ ha perdido su solvencia moral para ser reconocido como el representante de la voluntad colectiva. Funcionarios del Gobierno central están siendo investigados judicialmente o están inmersos en escándalos relacionados con vínculos con las mafias. La Corte está siendo minada por el continuo cuestionamiento por parte del Ejecutivo. Se le califica como conspiradora y en la opinión se siembra la duda sobre su probidad. Ésta situación se percibe como una señal de inestabilidad institucional. La independencia del sistema judicial es una de las condiciones que caracteriza la vigencia de la democracia en un país. Ante la evidencia de un Estado fallido, algunos desadaptados confirman la idea de que a ellos les corresponde hacer justicia por sus propias manos.

Mapa de los Estados Fallidos http://www.fp-es.org/

El Estado colombiano se percibe como fallido, entre muchas razones, porque es incapaz de asegurar el derecho a la vida, el ejercicio de los derechos políticos y el goce de los derechos sociales. Para comprobar lo anterior, basta con mirar un noticiero de TV o leer cualquier periódico de la nación. De inmediato, uno se entera de la corrupción de los funcionarios, la ineficiencia de la burocracia estatal, la inoperancia de los órganos de control y la impunidad reinante. Hacen falta cordura y ética, tanto en el sector público como en el privado. Están ausentes la racionalidad en las decisiones y el control de las emociones en las declaraciones. No son razonables las actuaciones, los argumentos que se esgrimen están vacíos de lógica y dejan ver los intereses sectoriales que representan.

Si juzgáramos el comportamiento de la población ante estos graves hechos estaríamos tentados en repetir lo que algunos tratadistas del elitismo democrático han dicho: la democracia es el gobierno del político, “el ciudadano normal cuando penetra en la política, argumenta y analiza de una manera que él mismo calificaría como infantil si estuviese dentro de la esfera de sus intereses particulares” (Schumpeter). Por supuesto que no compartimos ésta opinión, pero así piensa un sector de nuestra dirigencia política. Sabemos que gran parte de la población está inconforme con su situación de pobreza pero no logra comprender, por falta de información, cuáles son las causas de su infortunio ni la manera de salir de él. Muchos de los dirigentes populares que hubiesen podido orientar a sus comunidades con el análisis e impulsar la gestión política fueron asesinados o están intimidados por las bandas armadas.

Vivimos en un mismo territorio pero en diferentes países, hay un país ideal que promueven algunos medios, existe un país pacificado y sin mayores problemas en la mente del Gobierno y un país real en el estómago de los desnutridos de Colombia.A la prensa, la radio y la televisión, como orientadores de la opinión política, les corresponde el deber moral de propiciar que nuevos y pacíficos vientos desplacen al actual aire contaminado que se respira en la política colombiana.

Estoy seguro que los ciudadanos en un momento de iluminación colectiva abandonarán la improductiva cultura de la queja y de la plegaria para acudir a la cultura de la acción política civilizada para superar sus problemas, para ello los partidos políticos, los actuales o nuevos, deberán democratizarse internamente y ofrecer confianza a la población. Como ven, hoy puedo pecar por optimista.

Publicado en el diario EL HERALDO de Barranquilla, Colombia.

http://www.elheraldo.com.co/ELHERALDO/BancoConocimiento/C/colum8sept-3/colum8sept-3.asp?CodSeccion=42