Víctimas y falsa identidad

Por Hugo González Montalvo

Los últimos acontecimientos, como las chuzadas y los falsos positivos, son señales que dicen que podemos estar viviendo en un país donde el Estado pasó de tener simplemente enemigos a tener víctimas: ciudadanos inocentes perfectamente integrados a la comunidad que, por su anonimato social, se convierten en presa fácil de una burocracia servil y acrítica.

Las actuaciones de los funcionarios responden más al deseo de conservar sus privilegios que de respetar la ley. Creen en el mito que han creado de sí mismos basados en la propaganda que borra cualquier diferencia entre crimen y virtud.

Las nociones de ética, moral y ley que la humanidad ha construido en milenios de estudios eruditos de filosofía y derecho parecen desaparecer por la voluntad de una parte de la población que se está convirtiendo en cómplice de algo abominable.

En medio de estas circunstancias, concluyo hoy el tema de mi anterior columna, el ruido en la ciudad, motivado por las personas que se sienten afectadas y que se pusieron en contacto. En nuestro entorno no se está distinguiendo entre la esfera privada y la esfera pública. Algunos asumen que:" el otro no es más que un idéntico a mí mismo".

Por lo tanto, dan por descontado que: "la música que a mí me gusta le debe gustar a todo el mundo". Parte de la comunidad cree que la sociedad debe ser homogénea y que desde siempre todos poseemos una identidad inmodificable. Es decir, que las diferencias y los individuos no cuentan. Muchos funcionarios, periodistas y educadores participan de esa misma creencia.

Va siendo hora de abordar con seriedad la discusión sobre nuestra identidad. No podemos seguir sosteniendo que conformamos una sociedad que admite la bulla porque somos escandalosos por naturaleza, como si fuera una cualidad de la que nos debemos sentir orgullosos.

Durante los carnavales, en aras de la tradición, los ciudadanos, con generosidad y alegría, suspenden temporalmente su exigencia de respeto al derecho fundamental a la tranquilidad. Pero eso no justifica que uno transite, por cualquier calle y época del año, y perciba que los negocios esparcen, sin contemplaciones, música de parranda por todo el vecindario. ¿Es que tenemos que consentir el carnaval durante todo el año?

Con respecto a las autoridades, es conveniente recordarles que la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) establece: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio…” La Corte Constitucional, en fallos de tutelas, ha juzgado que el ruido constituye una injerencia arbitraria en la intimidad de las personas: “La amplitud del concepto de injerencia incluye los ruidos ilegítimos, no soportables ni tolerables”. El Decreto presidencial 0948 del 95 dice: En áreas residenciales no se permitirá la operación de parlantes que perturbe la tranquilidad ciudadana. El Reglamento de la Policía Nacional en su artículo 204, dice que el personal de la Policía deberá impedir el funcionamiento de radios o aparatos similares cuando por su alto volumen constituyan motivos de molestia para el vecindario y amonestar a las personas que infrinjan las normas.

Por todo lo anterior, la pregunta que surge es: ¿por qué las autoridades no actúan?

Publicado en EL HERALDO:
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