Por Hugo González Montalvo
Es claro que en las celebraciones del Bicentenario de la independencia nos sentimos contentos de pertenecer a esta nación llamada Colombia, pero ese fuerte sentido de pertenencia no nos debe obnubilar el pensamiento e impedirnos reconocer que, hasta ahora, de las generaciones que han vivido en el territorio de la república ninguna ha podido lograr un nivel de vida digno para la mayoría de la población y que nunca hemos alcanzado la plena vigencia de las instituciones democráticas. Estamos en deuda con quienes ofrendaron sus vidas para darnos la oportunidad de auto determinarnos. Las razones del incumplimiento de los objetivos soñados son muchas. Una de ellas es que jamás hemos generado las condiciones para que la economía se desarrollara convenientemente de acuerdo con los patrones internacionales en boga en los diferentes momentos históricos que nos ha tocado vivir como colectividad.
En su libro “Nueva Historia Económica de Colombia” (2010), el ex director del Banco de la República Salomón Kalmanovitz nos dice que nuestra clase dirigente, una reducida camarilla de amigos, ha sido recelosa de las ciencias y de las técnicas, ha cerrado el país frente al extranjero. Este grupo de privilegiados (que ha rotado su permanencia en el poder), ha evitado que la sociedad se abra a la necesaria competencia capitalista; es decir, ha impedido que los ciudadanos que hubiesen querido desempeñarse como empresarios lo hubieran podido hacer en condiciones de igualdad. La triste conclusión es que lo que hemos tenido es un capitalismo ‘compinchero’.
Sustentado en un poder dotado de mucha autoridad, este capitalismo ‘compinchero’ ha generado una variedad criolla de corporativismo, intercambiando privilegios por lealtades con organizaciones estamentales o corporaciones (Iglesia, ejército, terratenientes, gremios). Lo que implica fueros especiales, tratamiento discriminatorio, negación de la igualdad, como el cierre al comercio exterior y el racionamiento de las divisas de importación a favor de las empresas del centro del país. Es un sistema inflexible que no cuenta con canales apropiados para la resolución de conflictos ni permite la representación de nuevos intereses.
Todo lo anterior se ha reforzado recientemente con la coparticipación de una nueva y poderosa clase emergente delincuencial que se nutre del narcotráfico y que ha logrado realizar una rápida y sanguinaria contrarreforma agraria. Sobre la gran propiedad (predios de más de 2.000 hectáreas), Kalmanovitz nos aporta datos muy dicientes y contundentes: en 1984 la gran propiedad representaba el 47% de la superficie catastrada, en el año 2.000 alcanzó el 68%. La concentración de la propiedad agraria es evidente: en 1984, 1.800 potentados tenían 6,8 millones de hectáreas en predios de más de 2.000 hectáreas, mientras que en el año 2.000, 2.200 propietarios concentraban la fabulosa cifra de 39 millones de hectáreas en predios de la misma extensión. En estas condiciones, de falta de competencia, son pocas las posibilidades de que el sector agropecuario logre la seguridad alimentaria de la población y pueda participar en el mercado internacional.
Si a lo anterior le sumamos la permanencia del legado cultural colonial español, proclive al absolutismo, que facilitó el surgimiento del caudillismo y obstaculizó el avance de las instituciones democráticas, se comprende el porqué del actual panorama socioeconómico de hoy, que no es para celebrar.
Como si doscientos años de disputas entre ciudades y regiones, de guerras civiles y violencia no fuesen suficientes, ahora nos pelamos con los vecinos, ¿hasta cuándo debemos esperar para que maduremos como sociedad y merecer así un mejor destino?
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Publicado como columna de opinión en EL HERALDO; diario de Barranquilla,Colombia.
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