Un informe reciente, publicado en EL HERALDO, dice que en Barranquilla cuando se pagan las quincenas aumenta ostensiblemente los casos de agresiones físicas —riñas, lesiones personales—. La mayoría de los victimarios y víctimas se encontraban bajo los efectos del alcohol. Los borrachos amanecidos son los mayores responsables de los accidentes de tránsito y de las reyertas. Los antropólogos llaman a estas conductas, que no benefician a nadie y perjudican a todos, rasgos disfuncionales de la cultura. Es evidente que estamos sumergidos en un ambiente de violencia cultural que estimula a la violencia física. A través de la comunicación y el lenguaje se justifican, se apoyan a las acciones violentas. En nuestra cultura popular abundan canciones, cuentos, chistes, refranes que se burlan del débil y legitiman la violencia; hacen apología al maltrato a mujeres, a niños, a ancianos. Incitan al machismo, a contraer hábitos violentos. Los medios masivos participan igualmente con la trivialización de la violencia. Éstos promueven el beber licor como una actividad cultural necesaria para confirmar que ‘sigo siendo el rey’. Algunos periodistas, medios radiales y televisivos que se lucran con la publicidad de las marcas de licor critican las consecuencias de los desafueros, olvidando convenientemente sus responsabilidades como promotores del excesivo y descontrolado consumo de alcohol entre nuestra población.
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El panorama no mejora si a ésta violencia física de los borrachines quincenales le sumamos otra violencia: la pobreza. Como violencia activa de la estructura social, la pobreza es violencia estructural. Por lo expuesto, se puede decir que en nuestro entorno, con tanta necesidad colectiva insatisfecha, la denominada seguridad humana no existe. Recordemos que por seguridad humana se entiende la protección a las personas de todas las formas de violencia. Es decir, la seguridad humana es el goce simultáneo de la seguridad económica, la seguridad alimentaria, la seguridad en la salud, la seguridad ambiental, la seguridad personal, la seguridad de la comunidad y la seguridad política.Algunos sectores de la sociedad afectados por la violencia física de la delincuencia piden más seguridad. ¿Se refieren sólo a solicitar más seguridad policial? Cuando se escucha decir a los gobiernos que están consiguiendo la seguridad de las instituciones políticas ¿se refieren sólo a más seguridad para el Estado?
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Cuando los gobiernos de los Estados logran acabar con un conflicto bélico manteniendo vivo el conflicto social que lo generó se dice que esa sociedad únicamente alcanzó una Paz Negativa —paz como ausencia de guerra—. Cuando una sociedad termina con la violencia estructural y logra la seguridad humana para sus ciudadanos se dice que alcanzó la Paz Positiva. Lo ideal es obtener la paz estructural entendida como ausencia de violencia estructural. Los anteriores conceptos nos permiten preguntarnos: ¿cuál paz? ¿Cuál seguridad se solicitó en las manifestaciones recientes de la población colombiana? ¿Tiene sentido realizar manifestaciones públicas para sólo gritar al cielo que se quiere la paz, sin precisar a cuál paz nos referimos?
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Todas las personas tienen el derecho a la queja, pero ésta es inútil sino no va acompañada de una delación de las causas que la motivan. Es ingenua si no denuncia a los responsables de lo protestado. Es infantil si no propone soluciones, si no va acompañada de una propuesta de cambio que supere la injusticia que motivó la acción pública de rechazo. A diferencia de algunas manifestaciones recientes, los indígenas del sur del país que marchan hacia Bogotá proponen la negociación política para que cese la violencia armada, ofrecen sus territorios para un despeje que permita el acuerdo humanitario. ¿Será que exclusivamente los indígenas, los campesinos y las comunidades afrodescendientes que sufren directamente el conflicto bélico interno tienen la suficiente claridad de cuál es la solución a la actual calamidad que padece el país?
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Cuando se pactan acuerdos de paz sin tener en cuenta las normas constitucionales y legales se corre el riesgo de que acontezca lo que actualmente sucede con la no adecuación de las conductas punibles de los desmovilizados al tipo penal de sedición. Surgen algunas preguntas. Firmar unos acuerdos y aprobar una Ley a sabiendas de su inconstitucionalidad e ilegalidad ¿no es una presión indebida a la Corte? Por su fallo en Derecho la quieren hacer aparecer ahora ante la opinión pública, injustamente, como contraria a la paz.
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¿Qué seguridad jurídica podemos tener los barranquilleros después de saber que en la ciudad no hay garantías suficientes para llevar a cabo un juicio con imparcialidad y sin presiones indebidas?
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Publicado en EL HERALDO
2 comentarios:
Desde Bogotá
estrelladelosrios@yahoo.com
Bien. Tu pensamiento sigue haciendo lo propio. Pero no
sólo son los barranquilleros. Tu artículo aplica al
común del colombiano. Colombiano con disfuncionalidad
social.
Los medios son hipócritas, por un lado lloran los muertos de los accidentes y por otro gritan: ¡tomen, emborráchense como locos!
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