En medio del aumento de la percepción de inseguridad ciudadana en las urbes principales del país; del cinismo refinado de los altos funcionarios del Gobierno que, cogidos con “las manos en la masa”, se niegan a renunciar; del propósito explícito del Consejo de la Judicatura de deteriorar el prestigio jurídico de la Corte Suprema con su pretensión de ser la nueva y superior instancia judicial; de la negativa del Presidente de escoger penalistas de reconocida independencia, reputación intelectual y moral para conformar de nuevo la terna para que la Corte seleccione el fiscal; de la omisión del trámite en el Congreso del tratado sobre las bases militares; en fin, en medio de todos estos asuntos nacionales, en la región Caribe se escuchan voces que hablan de regionalización. Sobre este tema, surgen algunas reflexiones que buscan ir definiendo lo que le conviene a la gente del Caribe en concordancia con la Constitución Política que en el artículo 1° establece que: “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales,…”.
Si bien es cierto que a los habitantes de la costa norte nos es relativamente cómodo reconocernos como pertenecientes a una región (considerando los aspectos geográficos, culturales e históricos que nos unen), también es cierto que no nos será fácil alcanzar algún grado de autonomía política administrativa, se necesita el reconocimiento jurídico de nuestra tradicional “nacionalidad cultural regional” como parte del Estado Nación. Sin embargo, parte de la población está escéptica frente esa posibilidad. Muchas víctimas de la reciente violencia no olvidan que sus victimarios eran oriundos de la región. No olvidan que numerosos políticos costeños están vinculados con la parapolítica y la corrupción. Recuerdan que muchos de los beneficiarios ilegales de Agro Ingreso Seguro son paisanos. Advierten que la conformación de la región podría beneficiar a los políticos y gobernantes corruptos que tratarán de controlar la mayor cantidad de poder y liberarse del control de las entidades nacionales. Por otro lado, los sectores marginados de la región esperan un cambio en su situación de miseria, reclaman mayor igualdad de oportunidades y exigen más democracia participativa. Por todo lo anterior, para que el proyecto de convertirnos en región sea viable se hace necesario que se le considere como parte de un renacimiento ético. Que quienes lo lideren sean nuevas generaciones de políticos y dirigentes de la sociedad civil que ojalá no estén comprometidos con el nefasto pasado. El proyecto región debería tener un programa social que procure el mayor bienestar a la población, con el crecimiento continuo de la economía respetando el medio ambiente. Alcanzar mayor autonomía tendrá sentido sólo si la sociedad caribeña obtiene más democracia en el proceso, si se cuenta con un programa político regional que guíe en la consecución de la seguridad humana y la paz. Como los dirigentes políticos locales y departamentales dependen de las directrices de sus partidos nacionales, es hora de pensar en la conformación de un partido político regional que luche por conseguir que Caribanía viva con autonomía, democracia y justicia social.
http://www.elheraldo.com.co/ELHERALDO/BancoConocimiento/C/colum01nov09-3/colum01nov09-3.asp?CodSeccion=52
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