La situación de El Heraldo, ¿Libertad o censura?, ¿represión o prevención?

Todos los poderes del Estado en un régimen democrático deben estar en armonía para procurar los fines comunes que la sociedad plasmó en su Carta Magna. Este es un principio general de las Ciencias Políticas. Pero con frecuencia es olvidado por funcionarios que ejercen su cargo como si estuvieran investidos de un poder no delegado por voluntad popular sino por uno de origen personal.

Una de las diferencias fundamentales entre un régimen democrático y uno autoritario, con relación al tratamiento de los delitos, es si aplica como política de Estado la prevención o la represión.

La prevención es propia de los regimenes dictatoriales que consideran a los ciudadanos como menores de edad, no responsables de sus actos, y por lo tanto deben impedírseles la libertad de decidir por cuenta propia. Hay una presunción de que actuarán de mala fe, que los motiva el dolo o que son incapaces mental o moralmente para comportarse en sociedad. Justifican así la intervención de la violencia institucionalizada para coactar las posibilidades del desarrollo de la personalidad del individuo o de las manifestaciones de la voluntad política de la población. Estos regimenes no se basan en una ley previa al ejecutar una acción policial o judicial. Esconden en el fondo un temor al libre cuestionamiento de la autoridad estatal y la posibilidad democrática de reemplazarla mediante elecciones o quieren impedir que cambie el régimen jurídico con nuevas leyes o una asamblea constituyente.

Por otro lado están los regimenes represivos que, contrario a la opinión tradicional, son más democráticos ya que, precisamente, reprimen los delitos basados en leyes previas y sólo como consecuencia de actuaciones que violan los bienes jurídicos protegidos. El ciudadano responde por sus actos ante la ley. Las ciencias jurídicas tienen establecido en que momento se inicia el proceso de comisión de un acto delictivo, se le conoce como el “inter criminis”.

Lo anterior es bueno recordarlo en estos días cuando se están justificando censuras, detenciones y hasta masacres porque las personas victimas de estas arbitrariedades fueron sospechosas de pensar diferente, o se presumía que tenían la voluntad de cometer un delito.

Con ocasión de la medida que se oficia a El Heraldo, impedirle divulgar opiniones sobre hechos públicos, la ciudadanía, con razón, tiene la impresión de que se está afectando el derecho a la información veraz y oportuna. Igualmente que se está atentando contra la libertad de expresión de la comunidad sobre los sucesos cuestionados. Se está practicando una medida preventiva, se presume que el periódico al seguir comentando va ser irresponsable.

En este sentido, los periódicos impresos, en los tiempos acelerados que transcurren, se diferencian de los otros medios de información no por comunicar una noticia con mayor rapidez sino por la opinión que sobre ella asume el periodista que con su firma responde ante el lector y la ley. Los celulares, la radio, la televisión y los diferentes sitios en Internet facilitan una información rápida. Le llevan la noticia casi de inmediato al ciudadano. Por lo tanto el papel del periódico impreso hoy es esencialmente de medio reposado y racional para comentar, opinar, orientar y educar sobre la realidad histórica del presente. Es esa labor la que está en peligro si las medidas que se anuncian contra El Heraldo se aplican definitivamente.

Sin embargo es importante decir que el ciudadano debe ser protegido en su derecho al buen nombre, a que su dignidad no sea afectada por simples rumores y que no se le exhiba como culpable cuando su caso está en una etapa de simples averiguaciones judiciales. Si el periodista abusó del sagrado ejercicio de su profesión y fue irresponsable al difundir noticias falsas o afectó innecesariamente el prestigio de una persona, debe responder. Pero no debe impedírsele el libre ejercicio de la profesión aun a riesgo de que se equivoque.

Es entonces urgente que se reestablezca la seguridad jurídica, que sepamos con certeza que estamos en un régimen que reprime al delito y no en un régimen autoritario que castiga la presunción infundada de que se va a cometer un trasgresión a la ley. La ciudadanía toda debe pronunciarse frente a estos hechos y dejar claro cual es su pensamiento al respecto.